Exigencias estudiantiles en la Huelga de 2010 (Preliminar)

A continuación, el pliego -preliminar- de exigencias del Comité Negociador de la Universidad de Puerto Rico, antecedido por una explicatoria de las razones de ser del Comité y lo decidido en Asamblea.

Asamblea General crea Comité Negociador

“19 de abril de 2010

Dr. José Ramón de la Torre, Ph.D.
Presidente
Universidad de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico 00924

Propuesta Preliminar del Comité Negociador

Estimado Presidente De la Torre:

El pasado 13 de abril de 2010 el Consejo General de Estudiantes (CGE) convocó una Asamblea General de Estudiantes en las instalaciones del Teatro y en dos anfiteatros de la Facultad de Educación. El quórum se estableció con el registro de 2,100 estudiantes, sin embargo durante la Asamblea la asistencia sumó 3,000 estudiantes.

La primera moción que el estudiantado riopedrense aprobó fue la creación de este Comité Negociador. El Comité está compuesto por ocho integrantes de los Comités de Acción por facultad, seis miembros de la directiva del CGE, un miembro del Comité de Estudiantes en Defensa de la Educación Pública (CEDEP) y un miembro del Comité Contra la Homofobia y el Discrimen (CCHD). El Comité Negociador quedó constituido por 16 personas, cuyos nombres y delegación la encontrará en la Certificación Número 27 del CGE para el año académico 2009-10.

En cumplimiento del mandato directo e inequívoco al diálogo y a la negociación presentamos las siguientes propuestas iniciales. Las mismas persiguen lograr aquellos reclamos que el estudiantado estimó de principal importancia. Además, a la luz de declaraciones públicas de la administración y del gobierno que sugieren fuertemente la probabilidad de confrontación, deseamos establecer un ambiente armonioso de negociación y pacífico en el ejercicio de derechos fundamentales.

  • Ambiente de Negociación

Exigimos que se elimine cualquier tipo de sanción disciplinaria contra el estudiantado que ha participado y participará de las actividades concertadas, que han sucedido en semanas pasadas y que sucederán durante esta semana, y semanas posteriores de no lograr acuerdos satisfactorios.

También exigimos que se desista en la utilización de la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal o la Guardia Universitaria como instrumento disuasivo y represor del ejercicio de derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad de expresión y pacífica asamblea. Es menester mencionar que al utilizar este mecanismo la administración universitaria incumplirá con la Política Institucional de No Confrontación establecida en la Certificación Número 86 del año académico 2002-03. Deseamos enfatizar que ninguna persona responsable por estos asuntos, entiéndase la Junta de Síndicos, Presidencia y Rectoría incurrirá en la utilización de estos mecanismos.

Por otro lado, entendemos que lograr acuerdos con la Junta de Síndicos es indispensable para obtener los reclamos que el estudiantado nos ha encomendado. Aunque creemos que una reunión con Presidencia es un paso importante, el interés del estudiantado es que las reuniones sean con la Junta de Síndicos para llegar a acuerdos vinculantes. Exigimos así la divulgación de toda información financiera y contable relacionada con la administración de nuestra Universidad con tal de poder establecer una negociación balanceada y certera.

  • Reclamos Iniciales

1. Derogación de la Certificación 98 del año 2009-2010 y el compromiso de no volver a implementarla. Las exenciones de matrícula son una herramienta esencial en la consecución de la misión de nuestra Universidad y algún cambio que las restrinja resultará contraproducente. Sobre las nuevas concesiones de exenciones de matrícula, éstas no deben congelarse ya que queremos atraer nuevo talento puertorriqueño a nuestra Universidad.

La creación del Comité obedeció, entre otros asuntos, a la preocupación del estudiantado sobre las exenciones de matrícula

2. Alternativas y soluciones para el problema presupuestario

a. Ley Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Excluir a la Universidad del cómputo de recaudos gubernamentales funge en detrimento de la educación pública y del crecimiento económico. Exigimos que se incluya a nuestra Universidad en la participación de estos fondos para paliar con la crisis presupuestaria por la que está pasando nuestra Universidad. La educación es el principal motor económico de un país. No se puede limitar el acceso a la totalidad de los recaudos de los cuales se nutre la fórmula presupuestaria de nuestra Universidad. A la luz de la experiencia, en el pasado hubo que incluir retroactivamente a nuestra Universidad en la participación de fondos especiales que se crean de tiempo en tiempo. No deseamos que esto vuelva a ocurrir y que por inadvertencia o falta de voluntad sectores del estudiantado se vean afectados.

b. Redistribución de los fondos del American Recovery and Reconstruction Act.
La manera en que se distribuyeron estos fondos, particularmente la relación de la asignación presupuestaria entre nuestra Universidad y el Departamento de Educación, no es cónsona con el interés de reestablecer el crecimiento económico de Puerto Rico. Debe reformularse esta distribución de fondos para que la mayoría de este dinero vaya al fondo general de nuestra Universidad y se pueda desarrollar el capital intelectual necesario para rescatar a una economía en crisis.

c. Cuentas por cobrar de nuestra Universidad. Nuestra Universidad tiene que llevar a cabo todos los esfuerzos dentro de su alcance (e.g., limitar acceso de licitación de subastas, presentar acción por cobro de dinero, etcétera) para recuperar el dinero que se nos adeuda. Por ejemplo, la Administración debe llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para recuperar inmediatamente la deuda de 37 millones de dólares que Triple-S, MCS y Humana tienen pendiente de pago. Este dinero podría distribuirse en la compra de materiales, mejoramiento de infraestructura y tecnología. En fin, podría utilizase para disminuir la precaria situación fiscal en la que se encuentra nuestra Universidad.

Asimismo, el Departamento de Salud y el Departamento de la Familia adeudan al Recinto de Ciencias Médicas unos de 19 millones de dólares. Estos son sólo unos ejemplos de las muchas más cuentas por cobrar pendientes. Exigimos que se divulguen las finanzas de nuestra Universidad con tal de poder evaluar el desempeño de la administración en esta labor.

d. Fórmula de presupuesto. Con tal de asegurar el presupuesto de nuestra Universidad para futuras generaciones, exigimos que se aumente de la fórmula por la cual nuestra Universidad recibe su presupuesto. (Fórmula actual es 9,6% del Fondo General)

e. Creación de Proyecto de Ley de Incentivos en Inversión Universitaria. Aunque existen actualmente leyes que están dirigidas a este asunto, la Universidad debe ser capaz de poner sus recursos, tanto de infraestructura, docentes y estudiantiles en pro del servicio comunitario y público, para el beneficio económico de la institución. La idea sería crear una estructura organizacional dentro de la Universidad que se dedique a identificar aquellas subastas de contratos de agencias públicas para hacerlas llegar a las facultades pertinentes. De esta forma se podría incentivar el aumento de la fórmula del presupuesto de la UPR.

El Paro de 48 horas dio paso a la Huelga indefinida. La institución universitaria necesita paliar un déficit superior a los 100 millones de dólares.

f. Adoptar las recomendaciones de Sierra Club. Trabajar con esta organización ambiental que desarrolla estrategias innovadoras para reducir el consumo energético en las universidades, dependencias públicas y empresas privadas. Sierra Club ofrece servicios gratuitos de análisis de estructuras y patrones de consumo energético para lograr ahorros y reducir gastos. Han llegado a acuerdos con cientos de universidades norteamericanas que han redundado en ahorros millonarios. Además, la Universidad de Puerto Rico tiene el deber de estar a la vanguardia de las iniciativas ambientales y de conservación de recursos. El Comité Negociador propone que nuestra Universidad se integre al programa de Campus Verde de Sierra Club para así lograr eficiencia en el consumo de recursos energéticos y reinvertir esos ahorros en servicios a los estudiantes.

g. Procesos disciplinarios. El derogado Reglamento General de Estudiantes establecía un proceso disciplinario en el cual una junta compuesta por dos estudiantes y un profesor asignado por Rectoría recibía y resolvía las querellas por violación al reglamento. Esta junta, mejor conocida como la Junta de Disciplina, tenía la función de recibir las querellas que radicara rectoría contra estudiantes particulares e iniciar un proceso de vista administrativa en el cual al estudiante se le daba la oportunidad de defenderse de la querella, con ó sin representación legal. La Junta citaba al estudiante y a los abogados del Recinto a dicha vista administrativa con tal de escuchar a todas las partes. La Junta recopilaba dicha información y, desde un punto de vista universitario y legal (asesorada por un abogado), emitía una recomendación a rectoría. Dicha recomendación recogía además la opinión de profesores y estudiantes, todos ávidos participantes de la vida universitaria. Rectoría, después de recibir la recomendación, podía hacer suya la misma o no aceptarla y emitir una sanción disciplinaria distinta a la recomendada. En el caso de que Rectoría no acogiera la recomendación de la Junta, en el expediente de apelación constaba la recomendación original para ser considerada en dicho proceso. El Comité Negociador exige que la Universidad de Puerto Rico se comprometa institucionalmente a enmendar el Reglamento General de Estudiantes y revertir la decisión de excluir de los procesos disciplinarios a la Junta de Disciplina. Rechazamos la utilización de recursos externos para resolver situaciones que se suscitan en el ámbito universitario. La Junta de Disciplina debe ser el foro de primera instancia para resolver las querellas administrativas que redunden en sanciones disciplinarias. De esta manera, la Universidad ahorraría cientos de dólares en pagos a abogados de bufetes externos a la misma.

h. Operación del Teatro. La administración del teatro debe pasar nuevamente a manos del Departamento de Drama con tal de maximizar los ingresos que esta Universidad recibe. Se busca generar una actividad económica auto-sustentable para atender las necesidades del departamento (talleres para estudiantes) y fomentar el crecimiento cultural de la comunidad metropolitana. Se estima que esta medida puede redundar como mínimo en un incremento en fondos de sobre $100,000 anualmente, calculado sobre dos producciones. Aunque pueda parecer poco, estos esfuerzos son necesarios en aras de mantener una sana administración presupuestaria.

i. Certificación 14 de 2009-2010. La Junta de Síndicos aprobó el pago de ingresos dejados de devengar al ex-Presidente Antonio García Padilla cuando éste decidió renunciar a su cargo. No vemos razonable que se le pague dinero, porque durante este tiempo el ex-Presidente estuvo devengando ingresos en calidad de Presidente y otra persona ocupaba el cargo de Decano de la Escuela de Derecho. Es una duplicidad injustificada y este tipo de excepciones no son cónsonas con la precaria situación fiscal en que nuestra Universidad actualmente se encuentra.

j. Creación de un Fondo en Pro de un Recinto Verde. A medida que se tomen en consideración diferentes propuestas que reduzcan el costo operacional de la Universidad y a través de un análisis detallado de costo-beneficio se puede depositar en este fondo un porciento del dinero ahorrado. Este dinero se dirigiría a la inversión en programas a largo plazo que equiparían a nuestra Universidad para ser más sustentable. Por ejemplo, energías alternas, reuso de aguas para sistemas de riego y sanitarios, un programa extenso de reciclaje donde la Universidad, utilizando su misma infraestructura existente, se encargue de recoger, dividir y vender los materiales y la composta recogida.

k. Alternativas Open Source para Blackboard, Oracle y Microsoft. Hoy día el flujo de información y conocimiento a través del Internet ha creado iniciativas para compartir sistemas, programas y recursos tecnológicos gratuitos. Estos recursos son comparables y hasta más eficientes que Blackboard y Microsoft. Algunas alternativas a Blackboard son Sakai y Moodle. Además, Open Office puede servir como alternativa a Microsoft Office Suite. Además, el nivel de utilización de Blackboard y su pobre funcionamiento en el recinto es de aproximadamente ocho por ciento (8%); claramente, el dinero que se utiliza para este costoso servicio está siendo desperdiciado por pobre implementación.

l. Reglamentación ó Estandarización de Emisión de Contratos. Debemos asumir como práctica compulsoria la solicitud de detalles específicos a contratistas para evitar costos innecesarios. Estos estudios lo deben realizar personas dentro de la comunidad universitaria, de acuerdo al expertise y áreas de interés. Además, se debe incluir como parte del contrato que los change orders no se efectuarán.

m. Añadir al estudiantado en los procesos de auditoría. A través de programas de créditos, se podría mantener a estudiantes creando reportes de auditoría en tiempo real de los gastos de la universidad y la distribución de fondos en general, cual sería particularmente útil para crear análisis de costo-beneficio. Además, habilitaría la identificación eficiente de fondos disponibles, gastos innecesarios y promovería la trasparencia en los procesos. Estudiantes y docentes a nivel graduado se podrían utilizar como recursos.

3. Garantías para que no se implementen nuevas alzas en los costos de matrícula.

4. Garantías para que no se vendan recintos a entidades privadas.

El estudiantado se ha mostrado preocupado a la posibilidad de que la UPR sea privatizada de alguna manera u otra

Estas son nuestras recomendaciones iniciales para solucionar los problemas presupuestarios que aquejan a nuestra Universidad. Estamos seguros y seguras que con mayor creatividad e innovación nuestra Universidad puede convertirse en un centro de producción de conocimiento y actividad económica, educativa y cultural para nuestro país. Estos esfuerzos a largo plazo podrían asegurar la estabilidad fiscal de nuestra Institución y salvaguardar la educación pública para nuestros hijos e hijas.

El Comité Negociador está dispuesto a buscar alternativas para evitar los aumentos en costos y recortes en beneficios que esta administración ha presagiado. Exigimos que se respete el reclamo estudiantil en torno a una negociación vinculante con la Junta de Síndicos. No esperamos más que ese mínimo de deferencia ante un reclamo estudiantil abrumador.

Cordialmente,

-Gabriel Laborde Torres (Consejo General de Estudiantes)
-Arturo Ríos Escribano (Consejo General de Estudiantes)
-Verónica Guzmán Correa (Consejo General de Estudiantes)
-Xavier Caraballo Sandoz (Consejo General de Estudiantes)
-Rashid Marcano Rivera (Consejo General de Estudiantes)
-René Vargas Martínez (Consejo General de Estudiantes)
-Waldemiro Vélez Soto (Comité de Acción de Ciencias Sociales)
-Giovanni Roberto (Comité de Acción de Humanidades)
-María M. Carruthers Ferrero (Comité de Acción de Naturales)
-Aníbal J. Núñez González (Comité de Acción de la Escuela de Derecho)
-Miriam Ruiz (Comité de Acción de Educación)
-Jean Carlos Bonilla Rivera (Comité de Acción de Estudios Generales)
-David Carrasquillo Medrano (Comité de Acción de la Escuela de Planificación)
-Santiago Velázquez Lamela (Comité de Acción de Administración de Empresas)
-Adriana Mulero Claudio (Comité en Defensa de la Educación Pública)
-José García Oquendo (Comité en Contra de la Homofobia y Discrimen)

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